En base a un nuevo Real Decreto, los operadores de fibra óptica podrán desplegar sus redes en canalizaciones de gas, carreteras o líneas férreas, tanto presentes como futuras.
España dispone hoy de la red de fibra óptica más extensa de Europa con 22,5 millones de accesos instalados frente a los 15,3 millones de hace un año y 1,6 millones de 2012. Sin embargo, los objetivos de la Agenda Digital para Europa obligan a seguir profundizando en este despliegue ya que, para el año 2020, todos los europeos deben tener acceso a velocidades de Internet por encima de los 30 Mbps, y un 50% o más de los hogares de la UE deben estar abonados a conexiones por encima de los 100 Mbps.
Para ayudar a esta titánica misión, el Gobierno en funciones acaba de aprobar un Real Decreto con el que se abre la puerta a que se instalen nuevas redes de fibra en todas las obras civiles actuales o futuras, como pueden ser canalizaciones de gas, electricidad o saneamiento, postes, conductos en carreteras, líneas férreas, torres o cualquier otra capaz de alojar las nuevas redes.
Esta norma supone incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/61/UE, de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En el texto se sientan las bases para establecer derechos de acceso a infraestructuras físicas existentes, la coordinación de obras civiles y la mejora en el acceso a la información sobre infraestructuras existentes, obras civiles previstas y procedimientos aplicables a la concesión de permisos.
Dicho de otro modo: más allá de aprovechar las construcciones ya en funcionamiento para desplegar fibra, también se han establecido medidas para que se coordinen las obras civiles de nueva construcción, de forma que cuando vaya a realizarse una nueva obra se aproveche para instalar en ese momento las redes de fibra y se evite tener que estar reabriendo calles y aceras.
Con ello, aseguran desde el Gobierno, se abaratarán de manera importante los costes de instalar las nuevas redes, se acelerará su despliegue y se podrá ampliar la cobertura. Además, se evitarán molestias a los ciudadanos reduciendo las obras de construcción. Para ello, el Real Decreto obliga a las Administraciones Públicas a publicar toda la información relativa a las condiciones y procedimientos aplicables a las instalaciones y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados. Además, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá establecer un punto de información único de permisos y licencias a través del cual los operadores accederán por vía electrónica a toda la información.
“Los trabajos de obra civil suponen como media en la UE un 80% del coste total del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas, lo que obliga a adoptar medidas que faciliten su despliegue para que los operadores que instalan o explotan redes de comunicaciones electrónicas puedan ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones”, ha asegurado el Ejecutivo en un comunicado oficial.
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